No es humanamente posible administrar cuidados intensivos a los numerosos pacientes que, cada día, llegan a los hospitales con síntomas graves de COVID-19. La pandemia plantea algunos dilemas éticos para los que se requieren criterios claros; si no, ponemos a los profesionales de la salud ante la difícil decisión de elegir quién vive y quién […]
Por Jaime Millás Mur. 29 mayo, 2020.No es humanamente posible administrar cuidados intensivos a los numerosos pacientes que, cada día, llegan a los hospitales con síntomas graves de COVID-19. La pandemia plantea algunos dilemas éticos para los que se requieren criterios claros; si no, ponemos a los profesionales de la salud ante la difícil decisión de elegir quién vive y quién muere.
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Sociedades médicas e instituciones bioéticas concuerdan en muchos aspectos; pero, en otros el debate continúa: edad como causa de postergación si hay carestía; perspectiva de vida sin discapacidad y predilección por los pacientes de mayor provecho para la sociedad.
Racionar los cuidados es una medida radical; por lo que antes de llegar a ella, deben procurarse los medios necesarios para atender a todos, tener las suficientes camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y proteger adecuadamente a los profesionales de la salud, al tiempo que se busca reducir los ingresos en estas áreas.
Por otro lado, no debe abandonarse a nadie. Cuando curar no es posible y se decide no ingresar a un paciente a la UCI, hay que cuidar y aplicar otras terapias. El Comité de Bioética de España recomienda no “discriminar ni positiva ni negativamente a los infectados por COVID-19”.
El criterio esencial para determinar el ingreso en la UCI es la posibilidad de que los procedimientos sean eficaces y no involucren riesgos desproporcionados, comparados con los beneficios posibles. Hay que tener en cuenta que la proporción o desproporción de una terapia puede variar según evolucione la pandemia.
En cuanto a la edad, de por sí no constituye un criterio para decidir y “no se ha de utilizar de forma aislada o principal”, dice la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI). Lo concluyente es el pronóstico del enfermo. Ciertamente, cuando un centro de salud está al borde del colapso, la selección se impone de manera perentoria.
El uso de recursos limitados debe decidirse “en función de la gravedad de los pacientes, su pronóstico y evolución”, dice la AEBI. Para otros, el criterio debe ser “la probabilidad de supervivencia de cada paciente” o “la supervivencia libre discapacidad”. Sin embargo, como con la edad, una discapacidad no debiera ser criterio, por sí solo, para tomar este tipo de decisiones.
Existe también controversia en “el valor social del paciente”. Los utilitaristas solo se fijan en el balance final. Piensan, equivocadamente, que el valor de una vida es intercambiable con el de otra. Cada vida es única e irremplazable. El llamado valor social es un término “extremadamente ambiguo y éticamente discutible”, explica el CBE.
No debe existir discriminación por motivo alguno, que no sea la situación clínica del paciente y las expectativas reales de supervivencia. Según el derecho internacional, los niños deben tener prioridad en la atención sanitaria. También es un criterio apropiado priorizar los colectivos más vulnerables, que en el COVID-19 son las personas de la tercera edad.
* El doctor Jaime Millás, además de docente y director de estudios de la Facultad de Medicina Humana, es presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad de Piura.
(Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor).
